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Concesión del sello de calidad de la Fundación Lealtad a la Asociación Alternativa en Marcha

Tras un año de duro trabajo y actualización constante, podemos anunciar desde Alternativa en Marcha que ya somos poseedores del sello de la Fundación Lealtad. Este sello es una recompensa al trabajo bien hecho y una motivación constante para seguir con nuestra labor, ayudando a las familias más desfavorecidas de nuestra sociedad.

La Fundación Lealtad acredita a asociaciones y fundaciones de acción social, cooperación al desarrollo y acción humanitaria, y medio ambiente. Son entidades de diverso tamaño que desarrollan proyectos de atención a la infancia, mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, personas mayores, etc. Trabajan en ámbitos como la salud, la educación, la integración laboral y el voluntariado, entre otros.

Todas las ONG Acreditadas por la Fundación Lealtad han sido analizadas y cumplen los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Se trata de recomendaciones que abarcan múltiples aspectos del funcionamiento de las ONG y que dan respuesta a las exigencias de información de los donantes a la hora de colaborar con ellas.

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Las ONG reclaman a todos los partidos un compromiso firme y concreto con las personas refugiadas

Las entidades sociales piden la puesta en marcha de 11 medidas durante los primeros 100 días desde la configuración del nuevo Gobierno.

Casi una quincena de las principales organizaciones sociales españolas de defensa de los derechos humanos y de cooperación al desarrollo han reclamado hoy un compromiso firme, concreto e inequívoco de todos los partidos políticos con las personas refugiadas. En un acto cargado de simbolismo y coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, las 14 ONG han presentado 11 medidas urgentes y realizables delante del Congreso, que en apenas seis días conocerá a los diputados y diputadas llamados a investir un nuevo gobierno para la próxima legislatura.

Como símbolo, un sobre de votaciones gigante en el que aparecía estampada la frase #RefugioYA. Y un objetivo claro: pedir a los líderes de los partidos que concurren a las elecciones generales del próximo 26J que se comprometan con una política de asilo y refugio que proteja a quienes huyen de la guerra o la persecución. Las 14 entidades reclaman que las medidas se pongan en marcha durante los primeros 100 días desde la configuración del nuevo Gobierno.

Son medidas urgentes ante una realidad insoportable, en la que las muertes en el Mediterráneo se cuentan por miles (casi 3.000 sólo en lo que va de año). Ha habido semanas en las que han perdido la vida más personas en el mar Mediterráneo que en el interior de Siria. Las que consiguen llegar no tienen tampoco muchas opciones: más de 52.000 personas permanecen atrapadas en Grecia.

Siete de las medidas puede aplicarlas directamente el gobierno que salga de las elecciones. Se le pide que cumpla los compromisos asumidos por España, que en una primera fase sólo ha acogido a poco más de 100 personas de las cerca de 18.000 previstas desde 2015. Se le pide que apruebe de una vez un Reglamento de Asilo que lleva siete años de retraso. Se le pide que habilite vías seguras y legales para que las personas refugiadas accedan a territorio europeo sin tener que arriesgar sus vidas (visados humanitarios, posibilidad de solicitar asilo en consulados y embajadas, agilizar las reunificaciones familiares e incentivar programas de reasentamiento). Se les pide que no demoren eternamente la resolución de las solicitudes de asilo, -en algunos casos la espera supera los dos años cuando la ley establece 6 meses máximo- . Y se les pide que miren a lo que ocurre en Grecia e Italia, pero también en suelo español, en concreto en Ceuta y Melilla, donde a menudo se impide que personas susceptibles de solicitar protección internacional puedan hacerlo. Por supuesto, la Unión Europea juega un papel central en esta situación.

La UE tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las personas refugiadas -por los convenios que ha firmado- y además tiene la capacidad de acogerlas, puesto que el millón de personas que llegaron el año pasado apenas supone el 2% de la población europea. Sin embargo, Europa está fallando y España debe empujar un cambio radical. En este sentido, las ONG han reclamado a los partidos políticos y al nuevo Parlamento que impulsen la activación de la Directiva de Protección Temporal, que establece un dispositivo excepcional en el caso de amplias llegadas a la UE y que no se comprende por qué no se está utilizando. Las entidades promotoras exigen a la UE que proteja a las personas más vulnerables, como menores, mujeres o aquellas que padecen enfermedades, y que no firme acuerdos con terceros países que desprotejan a las personas migrantes y refugiadas, siguiendo el modelo suscrito con Turquía el pasado mes de marzo. Y por supuesto, que fomente relaciones internacionales que combatan las causas que provocan las migraciones forzadas y respeten los derechos humanos de manera universal.

Teatro Recuerdo Domingo 17 de Abril

Como en anteriores ocasiones, el grupo de teatro Recuerdo nos ofrece una nueva temporada teatral.

En esta ocasión la obra que representarán es “El complejo de Filemón” de Jean Bernard -Luc

Teatro Recuerdo 17 Abril

 

La representación a la que acudiremos nosotros y a la cual os pedimos que acudáis es la del DOMINGO 17 de Abril.

El precio de las entradas es de 10€. Podéis comprárnosla directamente a nosotros o en la puerta del teatro el mismo día de la representación.

Nos vemos el Domingo 17.

#StopAcuerdo: No al mercadeo de personas refugiadas

Un total de 16 organizaciones han llevado a cabo un acto público este miércoles enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para recordar al gobierno español que el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, cuya aprobación final se debatirá el 17 y 18 de marzo en Consejo Europeo, podría suponer graves violaciones de derechos humanos para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones internacionales si lo apoyara. Con este acuerdo la UE y sus Estados miembros estarían haciendo caso omiso a la necesidad evidente de brindar protección internacional a estas personas.

 

Una hora antes de la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu, ante la Comisión Mixta en el Congreso de los Diputados, las entidades participantes colocarán unas tiendas de campaña delante de la sede del MAEC para simbolizar las precarias condiciones en las que se encuentran estas personas. Las organizaciones han pedido así el rechazo frontal de un acuerdo que plantea serias preocupaciones legales, morales y de impacto a largo plazo especialmente en los grupos más vulnerables. Estas son algunas de ellas:

 

1. Rutas legales y seguras sin condiciones:

 

El acuerdo no contiene compromisos concretos para incrementar el reasentamiento o para ofrecer rutas legales y seguras para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.La excusa de crear una solución que acabe con el tráfico de personas, reasentando a una persona por cada una de las devueltas a suelo turco, crea un falso discurso. Como consecuencia de esta propuesta, precisamente lo que se fomentará es que las personas tomen otras rutas más peligrosas. Por eso es necesario una alternativa humana, legal y responsable, basada en el reasentamiento incondicional de personas refugiadas con un número de plazas disponibles en los países suficientes para ello, y en una voluntad política de los países de la UE para hacer que el sistema de reubicación funcione de manera respetuosa con los derechos humanos.

 

2. Comercio de personas refugiadas sirias:

 

La propuesta de que por cada persona refugiada siria que sea devuelta a Turquía desde Grecia se reasiente a otra también siria en la UE es inmoral y carece de fundamento jurídico sostenible. Lo que verdaderamente implica esta medida es que cada plaza de reasentamiento en la UE dependa de que otra persona siria arriesgue su vida embarcándose en la mortal ruta por mar a Grecia.

 

3. Devoluciones:

 

Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a procedimientos de asilo  individualizados y con todas las garantías. Sin embargo, el acuerdo entraña el riesgo de las expulsiones colectivas, ya que no se explica bien cómo van a poder evaluarse de manera significativa y con todas las salvaguardias jurídicas suficientes las solicitudes individuales en procedimientos de asilo acelerados.

 

Por otra parte, cientos de miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo que proceden de lugares que no son Siria, como son afganos o iraquíes, que representan, junto con los sirios, el 90% de las llegadas a Grecia, se enfrentan a grandes obstáculos para acceder al asilo. Aunque se ha indicado que no serán devueltas a Turquía, no existen salvaguardias en el acuerdo para que así sea, y resulta difícil que se pueda garantizar una protección efectiva. Las devoluciones sumarias no solo son contrarias al derecho internacional sino también a la legislación nacional turca.

 

4. “Tercer país seguro”:

 

El acuerdo se justifica con la definición de Turquía como “tercer país seguro”. Sin embargo, dado que el proceso de determinación del estatuto de refugiado se basa en circunstancias individuales, ningún país de origen puede calificarse como “seguro” en términos generales. De aplicarse este concepto, se trasladaría la responsabilidad a terceros países que, a menudo, no tienen en cuenta todos los aspectos necesarios en las solicitudes de asilo y por lo tanto pueden incurrir en la discriminación de algunos grupos de personas refugiadas, o, incluso, en la expulsión posterior de las personas a su país de origen, violando el principio de no devolución (non-refoulement) consagrado en la Convención de Ginebra, que indica que no pueden ser devueltas a países donde corren peligro.

 

Pero además, en concreto en el caso de Turquía, hay claros motivos de preocupación, dada la actual situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y el trato que reciben: algunas organizaciones hemos documentado malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, detenciones ilegales y arbitrarias, falta de condiciones adecuadas de acogida, e incluso devoluciones forzosas a países como Siria, donde sus vidas corren un grave riesgo.

 

5. Cierre de los Balcanes:

 

Alrededor de 13.000 personas, muchas de ellas mujeres y niñas y niños pequeños, continúan atrapadas en la frontera entre Grecia y Macedonia, en lugares como Idomeni, donde se hacinan y enfrentan a precarias condiciones bajo la lluvia y con dificultades para acceder a servicios mínimos como agua, alimentos y cobijo. Se trata de una crisis humanitaria que amenaza con degenerar aún más y convertirse en catástrofe si no se toman medidas urgentes. Sin embargo, en lugar de hacer que el sistema de reubicación funcione, hasta ahora inoperativo por la falta de voluntad política, lo que propugna el acuerdo es que los flujos irregulares de migrantes a lo largo de la ruta del oeste de los Balcanes lleguen a su fin.

 

6. Desprotección de las personas más vulnerables

 

Desde comienzos de 2015 hasta ahora, 1 de cada 3 personas que llegan a Europa es un menor, muchos de los cuales se encuentran sin escolarizar. El acuerdo supone la vulneración de derechos fundamentales de la infancia, como el derecho a la consideración primordial de su interés superior, además del derecho a la vida en familia, el derecho a la educación o a la salud. La Convención de los Derechos del Niño es muy clara en relación con la protección especial que deben tener los menores refugiados o que soliciten asilo.

 

También las mujeres sufren especialmente las consecuencias de esta crisis. Mujeres expuestas al acoso, la explotación y la violencia sexual durante el viaje hasta Europa y en suelo europeo,  embarazadas, personas con discapacidad y enfermas que no reciben asistencia médica especializada, etc. Todo ello por no hablar de familias rotas que sufren el rechazo en los países que deberían acogerles. El acuerdo no hace frente a la situación de las personas más vulnerables y una vez más vuelve a dejarles completamente desprotegidas.

 

Por eso, las organizaciones abajo firmantes piden que se abran rutas legales y seguras, y que se adopten medidas urgentes de acogida, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas más vulnerables.

 

 

Organizaciones firmantes:

Accem, Amnistía Internacional, Cáritas, Cear, Confer, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Consejo General de la Abogacía Española, Jesuitas Social, Justicia y Paz, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Red solidaria de Acogida, San Carlos Borromeo, Save the Children.

La Plataforma del Tercer Sector rechaza el pacto de la Unión Europea con Turquía sobre refugiados

  • La Unión Europea ha suscrito un pacto en materia de refugiados con Turquía, en base al cual devolverán a dicho país a toda persona que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluso a las provenientes de Siria
  • La Plataforma del Tercer Sector rechaza enérgicamente este acuerdo e insta al Gobierno en funciones a votar en contra en la Cumbre que tendrá lugar la próxima semana para garantizar la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas que huyen del terror

(Madrid, 10 de marzo de 2016).- La Unión Europea ha suscrito un principio de acuerdo con Turquía en materia de refugiados por medio del cual toda persona extranjera que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluidas las sirias, será expulsada a este país. A cambio, la Unión Europea se compromete a aumentar y agilizar la dotación económica destinada a Turquía para atender a los refugiados, eximir a partir de junio a sus ciudadanos de la necesidad de visado para viajar a la UE, avanzar en el proceso de adhesión del país a la Unión, y a “recibir un refugiado sirio de Turquía por cada refugiado sirio que Turquía reciba desde Grecia”. La mera expresión anterior hace emerger la vieja imagen de una Europa de los mercaderes, como escandaloso colofón a la larga serie de acciones caóticas, confusas y represivas que en los últimos meses vienen adoptándose contra los refugiados en la frontera este de Europa.

Desde la Plataforma del Tercer Sector, mostramos nuestro más enérgico rechazo a un pacto que, lejos de fundamentarse en criterios sociales, de justicia o protección internacional, viola los convenios internacionales y europeos ratificados por los estados miembro, que prohíben expresamente la devolución de personas que son objeto de persecución o víctimas de guerra. Este acuerdo provocará un saldo aún mayor de sufrimiento, dolor y muerte para aquellas personas que buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa

Es por ello que hacemos un llamamiento al Gobierno en funciones para que vote en contra de dicho acuerdo, que debe ser ratificado por los países miembro en la cumbre que tendrá lugar la semana próxima. El acuerdo es, y en dicho sentido debe rechazarse por nuestro Gobierno, no sólo inaceptable, sino inaplicable al ser contrario a la Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y las Constituciones de los Estados Miembros, que obligan a una admisión ordenada, digna, estudiada y personalizada de cada solicitud de protección internacional.

Así, exigimos la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios, además del establecimiento de vías seguras y aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales.

Las mujeres inmigrantes, ejemplo de resiliencia contra la doble discriminación

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la federación Red Acoge quiere continuar rompiendo los estereotipos extendidos sobre las mujeres inmigrantes, consideradas todavía injustamente como necesitadas de asistencia, víctimas incapaces de defenderse y destinadas a ejercer trabajos de baja cualificación.

Fruto de su trabajo con mujeres inmigrantes, la organización constata que todavía existe un número preocupante que sufre una doble discriminación, por el mero hecho de ser mujer y por residir en un país extranjero. Sin embargo, su nivel creciente de empoderamiento, su esfuerzo por contribuir a su sociedad de acogida y su valiosa experiencia, tanto personal como profesional, no hacen más que demostrar el potencial que tienen en ámbitos como el laboral, así como su fundamental aportación a la configuración de una sociedad multiétnica en la que prevalezca la convivencia entre personas diversas.

 

Un viaje al empoderamiento

Desde una perspectiva de atención psicosocial, Red Acoge lleva años trabajando con mujeres en situación de vulnerabilidad con la finalidad de que rompan con las estructuras sociales que las alejan de su propia autonomía.

En el informe Un viaje al empoderamiento la organización recoge el resultado del trabajo realizado entre 2014 y 2015 con 149 mujeres inmigrantes. En él se muestra cómo han tenido que enfrentarse a retos vitales importantes, que les han supuesto cambios físicos y desestabilidad psíquica. Se encuentran inmersas en un camino “entre la tristeza y la ilusión”, que constata su duelo migratorio, pero que no las desalienta para seguir luchando por ser las únicas dueñas de su destino.

Este informe se encuentra disponible en la web de Red Acoge para su libre consulta y difusión.

Concentración en defensa del sistema público de Servicios Sociales. 20 de febrero a las 12.30h.

CARTEL 20F SIN SERVICIOS SOCIALES NO HAY JUSTICIA SOCIAL[1]

 

 

Dos años después de la tragedia del Tarajal, catorce muertes y una desaparición siguen impunes

  • En octubre se ordenó el sobreseimiento provisional del caso al considerar que las “devoluciones en caliente” son una práctica habitual en la frontera de Ceuta
  • El Ministerio del Interior no ha asumido ninguna responsabilidad ante los hechos
  • Las familias de las víctimas piden verdad, justicia y reparación, así como la identificación de todos los cadáveres
  • La Ley de Seguridad ciudadana pretende dar “cobertura legal” a las “devoluciones en caliente”

 

Madrid.- Mañana se cumple el segundo aniversario de la tragedia de la playa del Tarajal, en Ceuta, cuando un grupo de inmigrantes intentó alcanzar territorio español a nado y fue repelido violentamente por miembros de la Guardia Civil. El balance fueron 14 muertes y una desaparición. Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Red Acoge expresan su preocupación por la  falta de rendición de cuentas y por la tanto la impunidad con la que se pretende cerrar este trágico incidente.

Las autoridades responsables deben adoptar medidas urgentes para garantizar la verdad, justicia y reparación a los familiares de las víctimas y evitar que estos hechos tan graves se vuelvan a repetir y queden impunes ante la justicia.

Dos años después, no se ha producido una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza y de material antidisturbios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La única investigación celebrada hasta la fecha ha dependido del impulso de varias organizaciones sociales, que presentaron una denuncia para que se esclarecieran los hechos. El pasado mes de octubre, el juzgado de instrucción nº6 de Ceuta dictó un auto que ordenaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por el delito de homicidio y lesiones imprudentes, considerando que las “devoluciones en caliente” a Marruecos eran una práctica habitual y por lo tanto no se podía sancionar a los agentes de la Guardia Civil. Prueba de ello había sido la modificación de la Ley de Extranjería. Actualmente, está recurrido ante la Audiencia Provincial, y pendiente de resolución judicial.

Es importante señalar que la juez de instrucción no recabó información esencial sobre el caso, incluidas las identidades de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, cuando varias organizaciones no gubernamentales emprendieron la causa judicial sobre su inacción. Tampoco se ha tenido en cuenta el informe pericial presentado por las ONG que afirmaba que las autopsias realizadas a los cinco cadáveres recuperados en España presentaban defectos tales como la ausencia de pruebas toxicológicas.

Por otro lado, varios  organismos  internacionales, entre otros, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado a España que revise la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (entró en vigor en julio pasado) que sirve para dar “cobertura legal” a las devoluciones sumarias prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. En cualquier caso, los hechos denunciados sucedieron con anterioridad a la reforma de la Ley.

Hasta la fecha, el Ministerio del Interior se ha negado a asumir ningún tipo de responsabilidad ante los hechos. Este episodio se une a otros incidentes denunciados por diversas organizaciones no gubernamentales ocurridos en la frontera entre las ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos, en las que no sólo se han producido expulsiones sumarias e ilegales, violando por lo tanto estándares de normativa internacional de los derechos humanos y de la Unión Europea, sino también uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes.

Además, las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy siguen esperando poder identificarlas. Las familias no solo reclaman verdad, justicia, y reparación, sino que además exigen que todos los cadáveres sean identificados.

La tragedia de la playa del Tarajal es un ejemplo más de las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur española. El pasado día 21 de noviembre las autoridades españolas practicaron cerca de un centenar de devoluciones sumarias en la valla de Melilla, lo que viola el derecho a tutela judicial efectiva y a solicitar asilo. La falta real de posibilidades de acceder de manera segura a la frontera española para poder solicitar protección internacional para personas de origen subsahariano obliga a éstas a intentar saltos muy peligrosos, donde además de enfrentarse al uso excesivo de la fuerza, se arriesgan a caídas desde gran altura;  este fue el caso de un joven subsahariano que tras  caerse de la valla el pasado 21 de noviembre sufrió lesiones muy graves y que le han dejado graves secuelas.

Información adicional

El 6 de febrero de 2014, alrededor de 200 personas inmigrantes intentaron entrar en Ceuta. Aproximadamente 90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa del Tarajal, e intentaron cruzar a nado.  Al menos 14 murieron ahogadas, una desapareció, y 23 fueron devueltas  a las autoridades marroquíes desde la misma playa y  sin acceso a ningún procedimiento formal. Mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material  antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo. Las autoridades españolas reconocieron haber usado el “material antidisturbio” para impedir que estas personas entrasen en España.

Un año de sombras, un futuro incierto

 

Como entidad que forma parte de la Red Acoge, nos unimos a su reflexión y a las propuestas y las compartimos.

Como cada 18 de diciembre, se conmemora el Día de Internacional de las Personas Migrantes. Con este motivo, Andalucía Acoge y Red Acoge quieren hacer llegar sus reivindicaciones  tanto a las autoridades españolas como a las europeas en una materia tan importante como son los derechos de este esta parte de la ciudadanía, que sólo en España hace referencia a casi 5 millones de personas.

El 2015 ha sido un año en el que nuevamente los derechos de las personas migrantes se han visto claramente dañados.

En marzo asistíamos a una nueva modificación de la legislación de extranjería, que establece un nuevo régimen de entrada en Ceuta y Melilla para aquellas personas que saltan la valla. La nueva modificación ha venido a consagrar las llamadas ‘devoluciones en caliente’, esto es, la devolución a Marruecos de las personas que saltan la valla sin abrirles un procedimiento administrativo con todas las garantías legales.

Durante este año también hemos asistido al éxodo de miles de personas que huyendo de conflictos y violaciones de derechos humanos en sus países, tratan de alcanzar suelo europeo en búsqueda de protección internacional. Sin embargo, hemos visto como la respuesta de países como Hungría ha sido el levantamiento de nuevas vallas, tratando con ello de evitar que puedan entrar y solicitar esa protección internacional.

Tampoco la respuesta de la UE ha estado a la altura de los compromisos internacionales firmados y ratificados en tratados internacionales. El nuevo rumbo de la política europea está centrado en actuar contra las mafias de personas, pero sin establecer otras alternativas para quienes buscan auxilio.

La imposibilidad de llegar a través de rutas seguras o de visados humanitarios las condena a realizar un viaje peligrosísimo que está costando la vida a miles de personas a lo largo de los últimos años y a la necesidad de recurrir a las mafias, puesto que las formas legales de llegar a territorio europeo son una quimera.

Ante esta grave crisis humanitaria, las medidas legales adoptadas por Europa están lejos de una política respetuosa con los derechos humanos. La respuesta europea se ha centrado fundamentalmente en impedir su llegada. Muestra de ello es la cancelación de la operación Mare Nostrum, centrada en el salvamento de personas, Además, se ha dotado de un mayor presupuesto a la agencia Frontex, a la que se encomienda la vigilancia de la frontera exterior de la UE. Como vemos, una vez más se reconduce la presión migratoria a los países limítrofes como Turquía, Marruecos, etc. es decir, se recurre a la externalización de fronteras para dificultar los flujos migratorios.

La diferenciación de las personas por razón de su nacionalidad y la creación de las llamadas listas de países seguros está introduciendo una doble vara de medir, distinguiendo entre aquellas que pueden solicitar asilo y aquellas otras a quienes se devuelve sin que tengan la posibilidad de hacerlo. España debe asumir sus compromisos de protección internacional de manera inmediata.

Sombras también se pueden encontrar con respecto a los centros de internamiento de extranjeros (CIE), donde siguen ingresando personas por simples sanciones administrativas. En marzo se cumplía el plazo de un año que el Ministerio del Interior tenía conforme lo recogido en el reglamento de desarrollo de los CIE para adaptar estos espacios a las nuevas obligaciones contenidas en la regulación. Pese a ello, a día de hoy, se siguen sin implementar medidas tan importantes como que sea personal civil quien atienda las necesidades de las personas internadas, quedando la policía nacional tan sólo para cuestiones de seguridad.

Estamos asistiendo además al incremento de las llamadas expulsiones exprés, en las que sin control judicial alguno se devuelve a las personas a las que en algún momento se les dictó una orden de expulsión sin apenas posibilidad de alegar su nueva situación en España ya que la devolución se produce en el plazo de 72 horas.

Sombras y más sombras, como la nueva regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española. Además de que el procedimiento ha dejado de ser gratuito para la persona solicitante, el grado de integración se comprobará con la realización de una prueba escrita que en ningún caso permite apreciar si verdaderamente las personas están o no integradas.

Sombras también ante la situación económica de España, que está propiciando que muchas de las personas que estaban documentadas hayan caído en irregularidad sobrevenida al no poder renovar su documentación por falta de empleo, hecho que condena a muchas familias a la exclusión social. Paralelamente, otras personas llevan en España años sin haber podido regularizar su situación debido al mismo motivo.

En cuanto a los derechos económicos y sociales de las personas inmigrantes, durante el año 2015 estamos asistiendo a algunas luces en materia de acceso a la asistencia sanitaria como consecuencia del cambio propiciado en algunas comunidades autónomas con los nuevos gobiernos. A nivel estatal, sigue sin haber un reconocimiento pleno del derecho a la asistencia sanitaria puesto que el Real Decreto-Ley 16/2012 no ha sido modificado. Sin embargo, se ha incrementado el número de comunidades autónomas que a través de normativa propia están atendiendo a estas personas.

 

Un 2016 con grandes tareas pendientes

Nuestros deseos y nuestro esfuerzo para el nuevo año estarán encaminados a la aprobación de una política europea respetuosa con los derechos de las personas migrantes y refugiadas, que se centre fundamentalmente en el salvamento de vidas y en permitir que estas personas lleguen por medios legales y en el ámbito interno. Por ello pedimos la derogación de la normativa que permite las devoluciones en Ceuta y Melilla.

Seguiremos igualmente trabajando por el cierre de los CIE, así como en las garantías que debe revestir el procedimiento de expulsión. También trabajaremos por una normativa de extranjería que no vincule la situación de residencia y trabajo al mercado laboral y que permita renovar a las personas su documentación sin ninguna exigencia en cuanto a periodos cotizados.

Además, pedimos la derogación de una vez por todas de la normativa que excluye a las personas inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria.

Por último, las federaciones Andalucía Acoge y Red Acoge quieren reivindicar en la conmemoración del Día de las Personas Migrantes y recordar una vez más que ninguna persona es ilegal.   

 

 

 

Giving Tuesday

Esta acción aspira a dedicar un día en todo el mundo a celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo, objetos de segunda mano, etc. Red Acoge participa con la acción #MiHogarMiMundo.

El próximo 1 de diciembre de 2015 se celebrará, por primera vez en nuestro país, el día mundial dedicado a la acción de dar. Organizaciones como Red Acoge participarán en la iniciativa #GivingTuesday con el objetivo de conseguir que se incentiven y se multipliquen las buenas acciones de las personas.

En este caso, Red Acoge participa en la acción mediante el proyecto #UnDíaParaDar tu ayuda a los niños y las niñas más vulnerables, enmarcado en #MiHogarMiMundo, y destinado a garantizar las necesidades básicas de menores en riesgo de exclusión social.

#GivingTuesday, un movimiento global y social que llega por primera vez a España

El objetivo es dedicar un día en todo el mundo a celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), objetos de segunda mano, etc. Pero sobre todo, tiene que ser el punto de partida para seguir dando y promoviendo la donación los otros 364 días del año.

Utilizando el hashtag #GivingTuesday como instrumento para difundir esta idea en las redes sociales, se busca movilizar a todos los ciudadanos, familias, organizaciones y empresas para que contribuyan en este día mundial de la donación, que se celebra cada año el primer martes de diciembre.
La idea del #GivingTuesday surgió en 2012 por la ONG 92Y Street de Nueva York, dedicada durante más de 100 años a las obras sociales, y de la Fundación de las Naciones Unidas, que ha aportado su experiencia en la estrategia y la difusión de proyectos solidarios.