Las actuales fronteras provocan desigualdades generando la vulneración de los derechos de las mujeres migrantes en los contextos de migración y refugio tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino.

La falta de vías legales y seguras para la migración tiene como consecuencia que miles de mujeres y niñas se vean obligadas a abandonar sus países, mueran cada año durante el camino por las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras. Estas políticas dejan a las mujeres y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad siendo forzadas a cruzar por vías inseguras que las expone a una violencia sistémica: violencia sexual, semiesclavitud, trata y tráfico de sus cuerpos.

También hay importantes muros internos que menoscaban los derechos de las mujeres y niñas migrantes que sobreviven y que se ven obligadas a estar en situación administrativa irregular en el Estado español. Esta situación les deja especialmente desprotección frente a todo tipo de violencias y la explotación laboral ya que la denuncia puede suponer la apertura de un expediente sancionador de extranjería o la detención para la expulsión.

Por todo esto, Red Acoge se suma al rechazo de la violencia de género, racista y xenófoba que sufren las mujeres migrantes en las fronteras, en los CIEs, en las calles, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros barrios.

En el Día Internacional de la Mujer nos unimos a las reivindicaciones de las mujeres migrantes y exigimos:

  • El reconocimiento de los derechos de las mujeres en contextos migratorios siendo protagonistas y sujetos políticos en los procesos de movilidad humana.
  • Un cambio radical en el enfoque y la orientación de la política en materia de asilo e inmigración y crear vías seguras, accesibles y regulares para la movilidad de las personas.
  • La modificación de la ley de extranjería para garantizar la de seguridad jurídica y protección a las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular asegurando la denuncia segura ante la vulneración de sus derechos.
  •  El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
  • Modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para que cesen las redadas, el acoso y la discriminación racista que sufren las mujeres migrantes y racializadas en el espacio públicos.
  • La equiparación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar y la protección efectivas de los derechos de las jornaleras y porteadoras.

Recordamos a los poderes públicos españoles que la igualdad de género es un derecho y que por tanto tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Solo de esta forma se abordarán las causas profundas de la discriminación que siguen restringiendo los derechos de las mujeres y se conseguirán las metas propuestas en la Agenda 2030 y específicamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, posibilitando la contribución significativa de las mujeres al desarrollo humano sostenible.